La Ley 19/2013 (LTAIBG) que regula, con carácter básico, la publicidad activa (arts. 5 y ss), se limita a fijar los principios generales que debe cumplir la información publicada (art. 5) como son los de comprensibilidad, facilidad de acceso, gratuidad, accesibilidad y comprensibilidad.
El artículo 11 dedicado a los principios técnicos a los que deben someterse los Portales de Transparencia en tanto que mostradores de la información, se limita a preconizar el cumplimiento de los principios de accesibilidad, de interoperabilidad conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y de reutilización.
Es evidente que ese artículo 11 precisa de un desarrollo reglamentario que fije la Norma Técnica que garantice el cumplimiento de esos principios y establezca un estándar común a todas las Administraciones y Entidades.
La información que se publica en cualquiera de los varios miles de Portales de Transparencia que han aparecido y siguen apareciendo en el concierto de las Administraciones y entidades sujetas a la Ley, es variada y ha sido producida en una multitud de Unidades y suscrita y validada por multiples funcionarios y autoridades en fechas diferentes.
Esa dispersión de orígenes y fuentes, incluso dentro de una misma Administración, nos lleva a plantear una cuestión, a mi juicio, importante: ¿ES NECESARIO APLICAR NORMAS DE TRAZABILIDAD A LA INFORMACIÓN PUBLICADA?
La trazabilidad, dicho en palabras sencillas, no es otra cosa que hacer evidente el camino que ha seguido un producto, una mercancía o, ¿por qué no? un dato o una información desde que se fabricó, recolectó, elaboró o se produjo.
La información publicada en un Portal de Transparencia, en tanto que procede de una Administración o Entidad pública, goza de la presunción de veracidad y de autenticidad. Pero esa presunción es de naturaleza “iuris tantum” pues puede darse la circunstancia de que alguien acredite que no se ajusta plenamente a esos principios de veracidad o de autenticidad, con lo que tales principios de veracidad y autenticidad decaerían.
Por ello, a mi juicio, junto a cada información, dato o publicación en los Portales de Transparencia debe constar las huellas, digitales o analógicas, que permitan asegurar al ciudadano que la descarga y obtiene la certeza de esa presunción de veracidad y autenticidad.
Llegará un momento en el que la información publicada en los Portales de Transparencia pueda utilizarse ante un Tribunal como elemento documental de prueba de algún tipo y es obvio que en tal caso, el documento o dato descargado del Portal debería llevar asociado indisolublemente esa huella de trazabilidad que permita asegurar entre otros elementos que pueden adicionarse: la fecha de producción, la Unidad administrativa en la que se ha originado, la autoridad o funcionario que la dotado del carácter público, el contexto en que se ha producido y cualquier otro dato que permita su verificación.
Si esa trazabilidad y el conjunto de huellas digitales o analógicas se implantase mediante norma de rango adecuado, en mi opinión, podría atribuirse al documento, dato o información la fuerza de la presunción “iuris et de iure” en cuanto a validez y autenticidad, agilizando su carácter probatorio de forma inmediata y sin necesidad de ratificarlo expresamente.
Por tanto, la aplicación de normas de trazabilidad a la información publicada en los Portales de Transparencia es una necesidad que va más allá de las limitadas obligaciones legales y constituye un factor de seguridad jurídica para los ciudadanos que acceden a la misma.
