LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

La Ley 19/2013 (LTAIBG) que regula, con carácter básico, la publicidad activa (arts. 5 y ss), se limita a fijar los principios generales que debe cumplir la información publicada (art. 5) como son los de comprensibilidad, facilidad de acceso, gratuidad, accesibilidad y comprensibilidad.

El artículo 11 dedicado a los principios técnicos a los que deben someterse los Portales de Transparencia en tanto que mostradores de la información, se limita a preconizar el cumplimiento de los principios de accesibilidad, de interoperabilidad conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y de reutilización.

Es evidente que ese artículo 11 precisa de un desarrollo reglamentario que fije la Norma Técnica que garantice el cumplimiento de esos principios y establezca un estándar común a todas las Administraciones y Entidades.

La información que se publica en cualquiera de los varios miles de Portales de Transparencia que han aparecido y siguen apareciendo en el concierto de las Administraciones y entidades sujetas a la Ley, es variada y ha sido producida en una multitud de Unidades y suscrita y validada por multiples funcionarios y autoridades en fechas diferentes.

Esa dispersión de orígenes y fuentes, incluso dentro de una misma Administración, nos lleva a plantear una cuestión, a mi juicio, importante: ¿ES NECESARIO APLICAR NORMAS DE TRAZABILIDAD A LA INFORMACIÓN PUBLICADA?

La trazabilidad, dicho en palabras sencillas, no es otra cosa que hacer evidente el camino que ha seguido un producto, una mercancía o, ¿por qué no? un dato o una información desde que se fabricó, recolectó, elaboró o se produjo.

La información publicada en un Portal de Transparencia, en tanto que procede de una Administración o Entidad pública, goza de la presunción de veracidad y de autenticidad. Pero esa presunción es  de naturaleza “iuris tantum” pues puede darse la circunstancia de que alguien acredite que no se ajusta plenamente a esos principios de veracidad o de autenticidad, con lo que tales principios de veracidad y autenticidad decaerían.

Por ello, a mi juicio, junto a cada información, dato o publicación en los Portales de Transparencia debe constar las huellas, digitales o analógicas, que permitan asegurar al ciudadano que la descarga y obtiene la certeza de esa presunción de veracidad y autenticidad.

Llegará un momento en el que la información publicada en los Portales de Transparencia pueda utilizarse ante un Tribunal como elemento documental de prueba de algún tipo y es obvio que en tal caso, el documento o dato descargado del Portal debería llevar asociado indisolublemente esa huella de trazabilidad que permita asegurar entre otros elementos que pueden adicionarse: la fecha de producción, la Unidad administrativa en la que se ha originado, la autoridad o funcionario que la dotado del carácter público, el contexto en que se ha producido y cualquier otro dato que permita su verificación.

Si esa trazabilidad y el conjunto de huellas digitales o analógicas se implantase mediante norma de rango adecuado, en mi opinión, podría atribuirse al documento, dato o información la fuerza de la presunción “iuris et de iure” en cuanto a validez y autenticidad, agilizando su carácter probatorio de forma inmediata y sin necesidad de ratificarlo expresamente.

Por tanto, la aplicación de normas de trazabilidad a la información publicada en los Portales de Transparencia es una necesidad que va más allá de las limitadas obligaciones legales y constituye un factor de seguridad jurídica para los ciudadanos que acceden a la misma.

 

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LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

¿CIUDADES “INTELIGENTES” CON UNA GOBERNANZA “ESTÚPIDA”?

LA MIRADA INSTITUCIONAL

 

“La organización inteligente se caracteriza por manejar todos los talentos que hay dentro para detectar bien los problemas y solucionarlos” (José Antonio Marina)

“Una organización es la sombra de quien la dirige. Uno de los mayores errores que se puede cometer en el mundo de las organizaciones es no darle importancia a la persona que dirige” (Pascual Montañés).

Superado el ecuador del mandato 2015-2019, puede ser buen momento para plantear de nuevo una de las cuestiones peor resueltas de la arquitectura institucional de las estructuras de gobierno local (que también se replica, aunque no de forma igual, en los demás niveles de gobierno): el profundo deterioro de las relaciones entre política y gestión, así como el estado paupérrimo de las “máquinas administrativas” locales, por emplear una expresión del profesor Luciano Vandelli.

Llevamos varios años oyendo hablar de “Administraciones inteligentes”. También llevamos tiempo oyendo asimismo resonar la expresión “Gobernanza Local”…

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¿CIUDADES “INTELIGENTES” CON UNA GOBERNANZA “ESTÚPIDA”?

Recobrar la confianza en las Instituciones

Poliedro Transparencia

En la década de los noventa, el gobierno inglés, para salir al paso del descrédito de las instituciones encargó a un Comité dirigido por lord Nolan la elaboración de unas “normas de conducta para la vida pública” que ayudasen a recuperar la confianza perdida en las instituciones y en lo público en general.

En 1995, se presentó el documento conocido como el “Informe Nolan”, en el que se recogen normas de conducta para los diputados, ministros, funcionarios, organismos gubernamentales y para el servicio público de salud.

Es significativo que en el Informe Nolan figure una encuesta realizada por una empresa (MORI) referida a la percepción de la confianza sobre determinadas profesiones, entre dos momentos temporales separados por diez años (en 1983 y en 1993). El resultado obtenido a la pregunta ¿confiaría usted en que este grupo contará la verdad?. De todos los grupos profesionales, sólo los ministros, políticos en general…

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Recobrar la confianza en las Instituciones

Recobrar la confianza en las Instituciones

En la década de los noventa, el gobierno inglés, para salir al paso del descrédito de las instituciones encargó a un Comité dirigido por lord Nolan la elaboración de unas “normas de conducta para la vida pública” que ayudasen a recuperar la confianza perdida en las instituciones y en lo público en general.

En 1995, se presentó el documento conocido como el “Informe Nolan”, en el que se recogen normas de conducta para los diputados, ministros, funcionarios, organismos gubernamentales y para el servicio público de salud.

Es significativo que en el Informe Nolan figure una encuesta realizada por una empresa (MORI) referida a la percepción de la confianza sobre determinadas profesiones, entre dos momentos temporales separados por diez años (en 1983 y en 1993). El resultado obtenido a la pregunta ¿confiaría usted en que este grupo contará la verdad?. De todos los grupos profesionales, sólo los ministros, políticos en general y periodistas que, ya en 1983, ocupaban los últimos puestos en confianza, continuaron ocupandolos diez años más tarde y además hundiéndose en número de puntos.

Esto muestra que el descrédito de la clase política no es un hecho nuevo ni reciente sino que ha sido una constante en las últimas décadas del siglo XX y continúa en el presente siglo.

Adela Cortina, ilustre maestra pensadora y filósofa española y Catedrática de Ética en la Universidad de Valencia entre otras muchas virtudes profesionales y personales, en su obra “Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad” (Ed. Taurus, Madrid, 1998), manifiesta algo que veinte años más tarde sigue de plena actualidad.

Lo que sigue es texto literal entresacado de la obra citada:

De nuevo el afán de recobrar la confianza perdida en las instituciones que conforman la vida pública es el que invita a reforzar su credibilidad con actuaciones que sean dignas de ella. Y aunque es cierto que un código ético jamás garantiza que sus destinatarios se ajusten a valores, principios y normas que lo componen, también es verdad que expresa lo que la sociedad espera de ellos y lo que ellos esperan de sí mismos, aquello a lo que se comprometen al aceptar responsabilidades públicas.

Y si, a mayor abundamiento, un comité supervisa el cumplimiento o incumplimiento del código, puede aumentar la confianza de los ciudadanos en las personas e instituciones responsables de la vida pública. 

Afortunadamente, nuestro todavía débil pluralismo moral no por incipiente deja de formar parte de nuestra vida común. Pero es urgente reforzarlo, porque nos jugamos algo tan imprescindible para existir humanamente como la confianza en las instituciones y en las personas. Una confianza que no se logra sólo multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la que compete a una Ética de la Administración Pública: la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia.

Todo está dicho y muy bien dicho por la profesora Cortina hace veinte años y sin embargo rabiosamente actual en 2017. ¿No aprenderemos como ciudadanos? ¿Porqué no lo perciben así nuestros políticos?

Recobrar la confianza en las Instituciones