¿lo que hacen los funcionarios confinados en sus domicilios, es teletrabajo?

  1. Ha tenido que venir un virus para poner en primera línea el concepto de teletrabajo generalizado en la Administración pública.

La COVID-19 ha irrumpido en nuestras vidas dejando, entre otras cosas como enfermedad, muerte, crisis, muchos cambios en todos los órdenes de la vida. Ha puesto de moda el denominado “Teletrabajo”, entre otros y singularmente, por generalizado y excepcional, aquél que se lleva a cabo desde el propio domicilio particular del funcionario.

Quedan fuera por tanto, otras modalidades de teletrabajo como son aquellas que se realizan en comisiones de servicio o en situaciones de desplazamiento fuera del centro de trabajo.

Todos los que tienen una actividad no relacionada con producir o fabricar cosas o con servicios que no requieran presencia física, se han puesto a teletrabajar en sus domicilios; entre ellos, muchos funcionarios encargados de gestionar procedimientos o tramitar peticiones de los ciudadanos.

Así, muchos de esos funcionarios desarrollan su jornada laboral desde sus domicilios.

Para ello, generalmente y salvo excepciones que han sido provistos de equipos de trabajo oficiales, han puesto a disposición de la Administración pública, su ordenador personal o doméstico, su impresora, sus folios, su conexión wifi a redes, así como su certificado de firma digital en muchos casos, un espacio en su domicilio, etc…

En ese equipo informático, personal, más o menos moderno, pagado al contado o a plazos por el funcionario, alguien de su Administración, con el permiso tácito o expreso, ha instalado determinadas aplicaciones y programas, antivirus y otras herramientas corporativas que les permiten simular un entorno parecido al que tenían en su puesto de trabajo presencial.

Pero, ¿es esto correcto? ¿responde a situaciones previamente acordadas entre la Administración y el funcionario? ¿O es fruto de una respuesta improvisada ante una necesidad urgente de evitar la proximidad física en un entorno laboral presencial?

La posibilidad legal de trabajar a distancia en la función pública es una realidad desde hace varios años. Hay todo un arsenal normativo, que no voy a citar aquí, que permite esa posibilidad, ideada inicialmente para aplicarse a una minoría de casos y supuestos, como situaciones de conciliación laboral o familiar. Pero el teletrabajo, como lo conocemos actualmente, no está concebido para convertirse en una situación generalizada y permanente.

Tampoco está concebido como una modalidad asociada necesariamente al concepto de EA. Es decir, se podría teletrabajar en puridad con el sistema de transporte habitual de expedientes y documentos físicos entre el centro de trabajo y el domicilio del funcionario; pero, los riesgos que se corren con este sistema son serios y deberían hacernos dudar de que ésa sea la forma idónea de teletrabajo; pensemos en cuestiones tales como la protección de los datos personales contenidos en esos expedientes o el debido sigilo exigible a todo funcionario sobre materias que conozca por su cargo; su posible pérdida, robo o destrucción fortuita,…

Por ello, en mi opinión y en el escenario de una Administración Electrónica, con procedimientos y expedientes electrónicos, no debemos concebir el teletrabajo fuera de este ámbito en el que la seguridad de la información, la integridad del dato, la trazabilidad de actuaciones o de las posibles fugas de información y la identidad de los intervinientes, la fecha y hora de tal o cual trámite, en entornos electrónicamente estancos y seguros, son condiciones exigibles de trabajo.

2. ¿Todos los trabajos que hacemos en casa como funcionarios son teletrabajo?

Conozco a compañeros que dicen “teletrabajar” 4 días a la semana en sus domicilios y que sólo van 1 a la oficina y su trabajo consiste en transportar físicamente en un carrito un paquete de expedientes que estudia, analiza y elabora los informes en su casa; los salva a un “pen drive” y el día que va a la oficina, los descarga en el sistema y los tramita.

Otros, han copiado los expedientes en un disco duro o en un lápiz de memoria y en su casa, los van completando hasta que regresan a la oficina para actualizarlos…

Obviamente, eso no es teletrabajar; será llevarse trabajo a casa (cosa que en la Administración debería estar absolutamente prohibido), hacer horas extras gratis en domicilio, etc., pero no podemos considerarlo teletrabajo.

El teletrabajo, bajo una perspectiva tradicional, superada en estos momentos, es un concepto que da cobertura a cualquier tipo de actividad relacionada con el trabajo oficial pero que se lleva a cabo en el domicilio particular. Y digo superada por los motivos expuestos arriba.

Por tanto, eso no es teletrabajo, no debería ser, en el sentido que debemos atribuirle en un marco de Administración Electrónica (en adelante EA).

3. El teletrabajo en el contexto de la EA, condiciones que “debería” reunir.

En una Administración pública, simplificando el concepto y tratando de concretarlo a la esfera pública, podemos entender como teletrabajo, al ejercicio de las competencias y funciones públicas, propias del puesto de trabajo, que se llevan a cabo fuera del lugar y centro de la Administración donde reside el puesto de trabajo del funcionario, en este caso, en el domicilio particular del funcionario.

En mi opinión y respetando cualquier otra que disienta, sólo podemos hablar de teletrabajo en una Administración Pública (en cualquier entidad pública) si se dan todas las circunstancias siguientes:

3.1. Que existe una previsión legal. Ya hemos dicho que la normativa europea, nacional y la de muchas entidades autonómicas y locales, contemplan y habilitan esta posibilidad e incluso la animan.

3.2. Plan de teletrabajo. A mi juicio, la habilitación legal siendo necesaria, no es suficiente. Es necesario un Plan de Teletrabajo (tipo).

Se precisa de la aprobación en cada entidad pública del correspondiente Plan que establezca en detalle la forma de llevar a cabo esa modalidad de actividad.

3.3. Aspectos que debe regular el Plan de Teletrabajo:

3.3.1. Asignación de tareas, objetivos y plazos. Se precisa la aprobación, para cada funcionario en particular, de su plan de trabajo, con las actividades, expedientes, actuaciones o tareas que se le encomienda realizar en teletrabajo, el plazo de cada una de ellas y la forma de reportar su realización y ante quien.

El funcionario no puede inventarse lo que tiene que hacer en teletrabajo. Ese Plan constituye el objeto del teletrabajo, que debe ser medible, objetivo, reportable, evaluable y sujeto a plazos.

3.3.2. Duración de la asignación de teletrabajo.

El plan de teletrabajo debe indicar la duración de esta modalidad que debería ser siempre temporal y determinada, sin perjuicio de su renovación cuando proceda.

Únicamente en casos de imposibilidad física o discapacidad que impidan el normal desplazamiento físico o por motivos de conciliación familiar acreditada, podría accederse a una asignación de teletrabajo de carácter permanente y en tales casos, se debería contemplar la visita periódica de un superior o de un compañero que asegure la continuidad de la relación entre la Administración y el funcionario.

3.3.3. Identificación de los medios puestos a disposición del funcionario.

Éste es un aspecto muy importante del teletrabajo. Nada de equipos u ordenadores o tablets o dispositivos particulares del funcionario; eso debe prohibirse absolutamente.

Múltiples razones abonan esa prohibición; desde la que el funcionario no tiene por qué aportar a la Administración medios de uso privado hasta la –y ésta es la más importante— la organización pública debe aportar los dispositivos e instrumentos oficiales 100 por 100 seguros y que impidan las fugas o usos indebidos de información pública o de información de los ciudadanos; y esto sólo se puede conseguir, aportando la propia Administración esos dispositivos a los que únicamente tenga acceso el funcionario autorizado expresamente para ello.

a) Dispositivos electrónicos propiedad de la Administración, dotados con las herramientas necesarias que impidan el uso para fines privados o que se puedan utilizar fuera de los entornos acotados y cerrados oficiales. Estos dispositivos deben impedir la obtención de copias o la conexión a otros dispositivos externos de almacenamiento o transferencia de información. Entre esos dispositivos prohibidos deben encontrarse las impresoras, salvo las impresoras oficiales asignadas al mismo.

b) Aplicaciones informáticas necesarias para el trabajo del funcionario, a las que únicamente pueda acceder éste, mediante sistema encriptados o de claves o firma electrónica, dejando huella digital de todos los movimientos y operaciones y trámites realizados

c) Trazabilidad bidireccional de las actuaciones. Todas las aplicaciones debe permitir recorrer y reproducir los circuitos de los procedimientos históricamente, desde su inicio hasta su conclusión.

d) Trazabilidad de actividad y cómputo de jornada laboral. Los dispositivos y las aplicaciones integradas en el mismo, deben contemplar un sistema de registro de actividad por parte del usuario que permita verificar el cumplimiento laboral de la jornada correspondiente.

e) Documento de confidencialidad y limitación de uso de los dispositivos entregados. El funcionario en teletrabajo deberá suscribir un documento de confidencialidad y de uso exclusivo del material, por el que se comprometa a no desvelar ni facilitar el acceso a los dispositivos ni a los datos a nadie, asegurando la desconexión de los equipos al finalizar la jornada laboral.

f) Requisitos técnicos mínimos de la conexión informática. El documento con el plan de teletrabajo debe contemplar las características mínimas que debe reunir la conexión informática del domicilio del funcionario, el ancho de banda, así como las medidas de seguridad y encriptamiento que debe contemplar.

g) Posibilidad de monitoreo y supervisión de actividad por parte del superior jerárquico. De igual forma que en la modalidad presencial, el responsable de la unidad en la que esté el funcionario, puede verificar y supervisar las tareas, en el teletrabajo ello debe ser posible.

3.3.4. Identificación del sistema de reporte de tareas y periodicidad . El Plan debe identificar las personas (superiores o compañeros del funcionario) a los que éste debe reportar, la frecuencia y la forma de hacerlo.

3.3.5. Requisito de EA 100% a cargo de la Administración Pública. Procedimientos electrónicos implantados y homologados en entorno EA.

En los procedimientos administrativos y en los procesos internos habilitados en la modalidad de teletrabajo, éstos deben estar en su totalidad bajo el formato de Administración electrónica.

Tales procedimientos y procesos deben cumplir con las características del Esquema Nacional de Interoperatiblidad (ENI) y con el resto aspectos técnicos que están definidos para la Administración Electrónica.

Uno de los escollos más importantes a los que se enfrenta la implantación de la EA en las Administraciones Públicas españolas es la dispersión de formas y soluciones para elaborar los mismos procedimientos administrativos en entorno EA, con las dificultades inherentes al desarrollo de las plataformas de interoperabilidad interadministrativas y a la multiplicidad de soluciones informáticas implementadas, muchas de ellas incompatibles entre sí y que exigen una gran esfuerzo para construir enlaces y pasarelas en comunicación entre ellas.

Seguramente, en mi opinión, habría sido más sencillo adoptar desarrollos de procedimientos administrativos tipo por parte de la Administración Central, de implantación general y gratuita en todas las Administraciones, dejando que éstas desarrollasen, voluntariamente, aquellas personalizaciones secundarias que considerasen adecuadas, pero sin afectar a la solución común y troncal.

Este requisito que se propone, representa sin duda una restricción importante a la hora de acudir al teletrabajo pues implica que no deberían formar parte del Teletrabajo, los procedimientos manuales.

Aún así, fuera de los procedimientos administrativos electrónicos y de los procesos internos informatizados, quedan gran cantidad de actuaciones que, a demanda, podrían encomendarse a los funcionarios ocupados en la modalidad de teletrabajo, como la elaboración de informes técnicos o la preparación y redacción de normas reglamentarias o la realización de estudios, análisis y propuestas, trabajos todos ellos, que pueden acometerse de forma separada o independiente de las secuencias procedimentales.

3.3.6. Cumplimiento normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales y gestión de posibles accidentes laborales.

La realización del teletrabajo por parte del funcionario y la consideración de puesto de trabajo al que tenga habilitado en su domicilio, exige que éste cumpla las condiciones de seguridad e higiene laboral en las mismas condiciones que si estuviera en su centro de trabajo oficial.

Por ello, el funcionario que se acoja al sistema de teletrabajo deberá autorizar la entrada en su domicilio a los técnicos de prevención de riesgos laborales que se desplacen para verificar las condiciones del puesto de trabajo domiciliario y las medidas preventivas que debería adoptar.

Aquellas medidas de carácter ergonómico que sean necesarias para el puesto, deberán ser facilitadas por la Administración.

Y en materia de accidentes laborales durante la jornada de teletrabajo, ésta deberá estar contemplada, así como las instrucciones a seguir en caso de que se produzca el accidente.

3.3.7. Compensación económica a tanto alzado

Y finalmente, el funcionario en situación de teletrabajo domiciliario, debe tener derecho a una compensación retributiva, calculada a tanto alzado, que compense el gasto en electricidad y el coste de acceso a redes de internet y tráfico que genera la actividad de teletrabajo.

¿lo que hacen los funcionarios confinados en sus domicilios, es teletrabajo?

LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

La Ley 19/2013 (LTAIBG) que regula, con carácter básico, la publicidad activa (arts. 5 y ss), se limita a fijar los principios generales que debe cumplir la información publicada (art. 5) como son los de comprensibilidad, facilidad de acceso, gratuidad, accesibilidad y comprensibilidad.

El artículo 11 dedicado a los principios técnicos a los que deben someterse los Portales de Transparencia en tanto que mostradores de la información, se limita a preconizar el cumplimiento de los principios de accesibilidad, de interoperabilidad conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y de reutilización.

Es evidente que ese artículo 11 precisa de un desarrollo reglamentario que fije la Norma Técnica que garantice el cumplimiento de esos principios y establezca un estándar común a todas las Administraciones y Entidades.

La información que se publica en cualquiera de los varios miles de Portales de Transparencia que han aparecido y siguen apareciendo en el concierto de las Administraciones y entidades sujetas a la Ley, es variada y ha sido producida en una multitud de Unidades y suscrita y validada por multiples funcionarios y autoridades en fechas diferentes.

Esa dispersión de orígenes y fuentes, incluso dentro de una misma Administración, nos lleva a plantear una cuestión, a mi juicio, importante: ¿ES NECESARIO APLICAR NORMAS DE TRAZABILIDAD A LA INFORMACIÓN PUBLICADA?

La trazabilidad, dicho en palabras sencillas, no es otra cosa que hacer evidente el camino que ha seguido un producto, una mercancía o, ¿por qué no? un dato o una información desde que se fabricó, recolectó, elaboró o se produjo.

La información publicada en un Portal de Transparencia, en tanto que procede de una Administración o Entidad pública, goza de la presunción de veracidad y de autenticidad. Pero esa presunción es  de naturaleza “iuris tantum” pues puede darse la circunstancia de que alguien acredite que no se ajusta plenamente a esos principios de veracidad o de autenticidad, con lo que tales principios de veracidad y autenticidad decaerían.

Por ello, a mi juicio, junto a cada información, dato o publicación en los Portales de Transparencia debe constar las huellas, digitales o analógicas, que permitan asegurar al ciudadano que la descarga y obtiene la certeza de esa presunción de veracidad y autenticidad.

Llegará un momento en el que la información publicada en los Portales de Transparencia pueda utilizarse ante un Tribunal como elemento documental de prueba de algún tipo y es obvio que en tal caso, el documento o dato descargado del Portal debería llevar asociado indisolublemente esa huella de trazabilidad que permita asegurar entre otros elementos que pueden adicionarse: la fecha de producción, la Unidad administrativa en la que se ha originado, la autoridad o funcionario que la dotado del carácter público, el contexto en que se ha producido y cualquier otro dato que permita su verificación.

Si esa trazabilidad y el conjunto de huellas digitales o analógicas se implantase mediante norma de rango adecuado, en mi opinión, podría atribuirse al documento, dato o información la fuerza de la presunción “iuris et de iure” en cuanto a validez y autenticidad, agilizando su carácter probatorio de forma inmediata y sin necesidad de ratificarlo expresamente.

Por tanto, la aplicación de normas de trazabilidad a la información publicada en los Portales de Transparencia es una necesidad que va más allá de las limitadas obligaciones legales y constituye un factor de seguridad jurídica para los ciudadanos que acceden a la misma.

 

LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

¿CIUDADES “INTELIGENTES” CON UNA GOBERNANZA “ESTÚPIDA”?

LA MIRADA INSTITUCIONAL

 

“La organización inteligente se caracteriza por manejar todos los talentos que hay dentro para detectar bien los problemas y solucionarlos” (José Antonio Marina)

“Una organización es la sombra de quien la dirige. Uno de los mayores errores que se puede cometer en el mundo de las organizaciones es no darle importancia a la persona que dirige” (Pascual Montañés).

Superado el ecuador del mandato 2015-2019, puede ser buen momento para plantear de nuevo una de las cuestiones peor resueltas de la arquitectura institucional de las estructuras de gobierno local (que también se replica, aunque no de forma igual, en los demás niveles de gobierno): el profundo deterioro de las relaciones entre política y gestión, así como el estado paupérrimo de las “máquinas administrativas” locales, por emplear una expresión del profesor Luciano Vandelli.

Llevamos varios años oyendo hablar de “Administraciones inteligentes”. También llevamos tiempo oyendo asimismo resonar la expresión “Gobernanza Local”…

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¿CIUDADES “INTELIGENTES” CON UNA GOBERNANZA “ESTÚPIDA”?

Recobrar la confianza en las Instituciones

Poliedro Transparencia

En la década de los noventa, el gobierno inglés, para salir al paso del descrédito de las instituciones encargó a un Comité dirigido por lord Nolan la elaboración de unas “normas de conducta para la vida pública” que ayudasen a recuperar la confianza perdida en las instituciones y en lo público en general.

En 1995, se presentó el documento conocido como el “Informe Nolan”, en el que se recogen normas de conducta para los diputados, ministros, funcionarios, organismos gubernamentales y para el servicio público de salud.

Es significativo que en el Informe Nolan figure una encuesta realizada por una empresa (MORI) referida a la percepción de la confianza sobre determinadas profesiones, entre dos momentos temporales separados por diez años (en 1983 y en 1993). El resultado obtenido a la pregunta ¿confiaría usted en que este grupo contará la verdad?. De todos los grupos profesionales, sólo los ministros, políticos en general…

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Recobrar la confianza en las Instituciones

Recobrar la confianza en las Instituciones

En la década de los noventa, el gobierno inglés, para salir al paso del descrédito de las instituciones encargó a un Comité dirigido por lord Nolan la elaboración de unas “normas de conducta para la vida pública” que ayudasen a recuperar la confianza perdida en las instituciones y en lo público en general.

En 1995, se presentó el documento conocido como el “Informe Nolan”, en el que se recogen normas de conducta para los diputados, ministros, funcionarios, organismos gubernamentales y para el servicio público de salud.

Es significativo que en el Informe Nolan figure una encuesta realizada por una empresa (MORI) referida a la percepción de la confianza sobre determinadas profesiones, entre dos momentos temporales separados por diez años (en 1983 y en 1993). El resultado obtenido a la pregunta ¿confiaría usted en que este grupo contará la verdad?. De todos los grupos profesionales, sólo los ministros, políticos en general y periodistas que, ya en 1983, ocupaban los últimos puestos en confianza, continuaron ocupandolos diez años más tarde y además hundiéndose en número de puntos.

Esto muestra que el descrédito de la clase política no es un hecho nuevo ni reciente sino que ha sido una constante en las últimas décadas del siglo XX y continúa en el presente siglo.

Adela Cortina, ilustre maestra pensadora y filósofa española y Catedrática de Ética en la Universidad de Valencia entre otras muchas virtudes profesionales y personales, en su obra “Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad” (Ed. Taurus, Madrid, 1998), manifiesta algo que veinte años más tarde sigue de plena actualidad.

Lo que sigue es texto literal entresacado de la obra citada:

De nuevo el afán de recobrar la confianza perdida en las instituciones que conforman la vida pública es el que invita a reforzar su credibilidad con actuaciones que sean dignas de ella. Y aunque es cierto que un código ético jamás garantiza que sus destinatarios se ajusten a valores, principios y normas que lo componen, también es verdad que expresa lo que la sociedad espera de ellos y lo que ellos esperan de sí mismos, aquello a lo que se comprometen al aceptar responsabilidades públicas.

Y si, a mayor abundamiento, un comité supervisa el cumplimiento o incumplimiento del código, puede aumentar la confianza de los ciudadanos en las personas e instituciones responsables de la vida pública. 

Afortunadamente, nuestro todavía débil pluralismo moral no por incipiente deja de formar parte de nuestra vida común. Pero es urgente reforzarlo, porque nos jugamos algo tan imprescindible para existir humanamente como la confianza en las instituciones y en las personas. Una confianza que no se logra sólo multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la que compete a una Ética de la Administración Pública: la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia.

Todo está dicho y muy bien dicho por la profesora Cortina hace veinte años y sin embargo rabiosamente actual en 2017. ¿No aprenderemos como ciudadanos? ¿Porqué no lo perciben así nuestros políticos?

Recobrar la confianza en las Instituciones

Mis aportaciones al III Plan de Gobierno Abierto de España — Miguel Ángel Blanes

Hasta el próximo 15 de septiembre se podrán realizar aportaciones al III Plan de Gobierno Abierto de España que se elaborará para su presentación en el seno de la Alianza para el Gobierno Abierto “Open Governement Partnership (OGP)”. Es una buena oportunidad para mejorar nuestro sistema de transparencia y acceso a la información pública.

a través de Mis aportaciones al III Plan de Gobierno Abierto de España — Miguel Ángel Blanes

Mis aportaciones al III Plan de Gobierno Abierto de España — Miguel Ángel Blanes

El Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno de España supera las 1.000 reclamaciones en sus primeros 20 meses de funcionamiento.- — RTA

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido en sus primeros 20 meses de funcionamiento, es decir, desde que comenzó su actividad -enero de 2015 a agosto de 2016- un total de 1.874 iniciativas ciudadanas, entre las que destacan 1.082 (57,7%) reclamaciones, 503 (26,8%) informaciones al ciudadano, 196 (10,5%) consultas sobre aplicación de la […]

a través de El Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno de España supera las 1.000 reclamaciones en sus primeros 20 meses de funcionamiento.- — RTA

El Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno de España supera las 1.000 reclamaciones en sus primeros 20 meses de funcionamiento.- — RTA